Martes, 04 Noviembre 2014 00:00

Castillo Algar Vs. España y el reconocimiento de la Imparcialidad Objetiva

TEDH en Derecho Militar

  Con motivo del reciente fallecimiento de mi padre Don Gonzalo Muñiz Vega voy a hacer mención a uno de sus más sonados éxitos como abogado, la sentencia favorable obtenida en el caso Castillo Algar contra el Reino de España. Creo que es la única que, hasta la fecha, se ha obtenido en el ámbito de la jurisdicción militar española y es curioso que se refiera al aspecto más discutido de la jurisdicción militar, la imparcialidad objetiva.

 De todos es sabido que el juez debe realizar sus funciones con una imparcialidad que debe darse en una doble vertiente:

- Una subjetiva que se refiere a los actos y circunstancias propias de cada juzgador basadas principalmente en sus vínculos, intereses, actuaciones o relaciones con las partes.

- Otra objetiva que gira en torno a la materia sobre la que versa el proceso, que pretende, como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 143/2006, “asegurar que los jueces y magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto previos con el objeto del proceso”. Esta imparcialidad se fundamenta en muchos casos en la necesidad de una apariencia de imparcialidad que se suele resumir con el aforismo latino

"Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet" .

La mujer del César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo

Su fundamento radica en que no sólo debe valorarse la imparcialidad del juzgador en base a su actuación y relaciones personales, sino también en su aspecto puramente externo en cuanto a que no debe quedar duda alguna de la imparcialidad de su actuación.

 La sentencia citada es del 28 de octubre de 1998 pero considero que se refiere a un aspecto que es de plena actualidad ya que esta apariencia de parcialidad es, en muchos casos, el principal fundamento de los detractores de la jurisdicción militar.

 En el caso de Castillo Algar contra España, las alegaciones sobre parcialidad objetiva no giraron en torno a la organización estructural de la jurisdicción militar sino sólo sobre aspectos puramente procesales que llevaron a la vulneración del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el referido al Derecho a un Proceso Equitativo.

 Esta vulneración se produjo cuando dos de los jueces que habían intervenido en el auto de procesamiento de un militar también formaron parte del Tribunal que luego dictó sentencia. De esta forma los juzgadores que resolvieron sobre el procesamiento en fase de instrucción, podrían haberse contaminado pues se habrían formado un juicio sobre la posible culpabilidad y, por ese motivo, no debían de formar parte del Tribunal que juzga en la siguiente fase. Su criterio se consideraba viciado porque al estimar que el imputado debía de ser procesado, se estaban pronunciando sobre la posible culpabilidad del reo y ya no podían ser juez imparcial en la fase plenaria.

 El Estado español afirmó que los jueces no habían actuado de forma parcial y que eran profesionales perfectamente capaces de distinguir la fase de instrucción de la plenaria en el proceso penal. Aun así pesó más la apariencia de que se podían haber formado un criterio sobre la culpabilidad pues los órganos que imparten justicia no sólo deben ser impaciales también deben parecerlo.

 Volviendo a la actualidad, los planteamientos acerca de la posible parcialidad de la jurisdicción militar no se basan ahora en aspectos procesales sino organizativos. Se fundamentan también en la imparcialidad subjetiva del juzgador que depende de la Administración Militar para ascender y promocionar, pero creo que sobre todo tienen su principal base en las dudas que plantean sobre su imparcialidad objetiva. Pienso esto porque lo que más se critica es que la trayectoria profesional del juez militar le lleva a haber conocido y actuado en casos semejantes siempre en defensa de la Administración. Estas críticas no vienen realmente dadas por una actuación parcial de estos jueces, sino por la apariencia de parcialidad y por la percepción cada vez mayor que se tiene de una justicia militar plegada a los criterios del mando.

 Sin duda esta sentencia está muy alejada de los planteamientos actuales pero vengo a reconocer su vigencia en cuanto a que supuso el reconocimiento, en el ámbito procesal, de la necesidad que tiene el justiciable de percibir la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional que va a juzgarle.

 

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